Un centenar de juristas han firmado un manifiesto, impulsado por la plataforma ‘Consenso y regeneración’, en contra de los indultos a los presos independentistas condenados en la causa del ‘procés’ al considerar que representa «graves riesgos para la defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes en España».
En el marco de la iniciativa, los firmantes han criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por «utlizar los indultos por razones de oportunidad política».
Los juristas han alegado que «a estas alturas del siglo XXI y en un asunto de tanta trascendencia no parece aconsejable ni desde el punto de vista jurídico ni político forzar los límites de la institución y provocar una importante tensión con el Poder Judicial».
En este sentido, han asegurado que conviene «no contraponer legitimidades y erosionar instituciones en un momento en que todas son necesarias». Según han expuesto, la medida de gracia a los líderes independentistas «ahonda en la convicción de muchos ciudadanos de que el Estado de Derecho no rige para todo el mundo por igual y de que los políticos gozan de un estatuto diferente y privilegiado frente a las leyes vigentes».
Los juristas han recordado que «tanto el tribunal sentenciador como la Fiscalía» se han pronunciado en contra de la concesión del indulto a los condenados y que los posibles beneficiarios han dejado en evidencia no solo su «falta de arrepentimiento» sino también «su intención de volverlo a hacer».
«ABRIR UN DEBATE PÚBLICO»
No creen que indultar a los presos del ‘procés’ vaya a «provocar ninguna mejora de la situación política existente en Cataluña» y que consideran que «el deterioro de la convivencia y del respeto al Estado de Derecho» en estos últimos años «no parece que pueda superarse con más fracturas y con menos respeto al Estado de Derecho».
Los firmantes han explicado que «la búsqueda de una solución al conflicto entre catalanes debe pasar por un respeto escrupuloso al Estado democrático de Derecho y a la Constitución de 1978» y han asegurado que «las reglas del juego se pueden cambiar y mejorar», pero han precisado que es «esencial» respetar los «cauces establecidos» y «abrir un debate público lo más amplio posible que garantice la participación de todos».
