Un exejecutivo de Bytedance demandó en Estados Unidos a la empresa, la casa matriz de Tiktok, a la que acusa de haberlo despedido porque alertó sobre supuestas prácticas ilegales.
Numerosos legisladores republicanos quieren prohibir TikTok en Estados Unidos. Aseguran que la plataforma permite a Pekín recolectar datos de usuarios sin su consentimiento e influenciar su opinión, lo que la aplicación niega.
Según la demanda interpuesta ante un tribunal de San Francisco el 1 de mayo, Yintao Yu descubrió poco después de ser contratado en California en 2017 que ByteDance «robaba» videos publicados en redes competidoras, Instagram y Snapchat, para subirlas a su propia plataforma.
Yu, entonces jefe de ingeniería de ByteDance en Estados Unidos, afirmó que alertó a su jerarquía, en vano, «y el robo de propiedad intelectual continuó sin impedimentos». Fue despedido en 2018.
El viernes, el demandante depositó una demanda que acusa a ByteDance de «servir de herramienta de propaganda para el Partido Comunista Chino» (PCC).
Yu dice haber visto a la empresa destacar contenidos «que expresan odio por Japón» y relegar contenidos «que expresan apoyo a las manifestaciones en Hong-Kong» en favor de la democracia.
Según el exempleado, el PCC «tenía permanentemente acceso supremo a todos los datos de la empresa, incluso los datos almacenados en Estados Unidos».
«Mi cliente es el más alto ejecutivo de ByteDance en haberse expresado públicamente», declaró Charles Jung, su abogado, el sábado.
«Mi cliente está preocupado por la protección de los datos de los usuarios estadounidenses, la conducta ética de la aplicación y el bienestar de los empleados de ByteDance».
El acceso a datos personales de los usuarios estadounidenses es el centro de tensiones que van en aumento desde hace años entre las autoridades y la empresa, que tomó varias medidas para que estos datos sean almacenados en servidores en Estados Unidos.
La Casa Blanca incita a TikTok a que se deje comprar por una sociedad estadounidense para poder quedarse en el país.
Yu reclama una orden del tribunal para forzar la empresa a cesar las prácticas evocadas en la demanda y reclama daños y perjuicios, de los que prevé entregar una «parte sustancial» a organismos de defensa de derechos cívicos para estadounidenses de origen asiático.
