El juzgado de instrucción número 50 de Madrid ha abierto una causa por el acoso que el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón denunció que sufría en redes sociales a raíz de sus pesquisas en relación con el robo del teléfono móvil de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham, que se enmarca en la macrocausa ‘Tándem’ sobre los trabajos realizados por el ex comisario José Manuel Villarejo.
Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el titular de dicho juzgado, Esteban Vega, está investigando presuntos delitos de injurias a funcionario público en el ejercicio de su cargo y amenazas por la campaña de acoso a García-Castellón. Las pesquisas comenzaron por una denuncia de la Fiscalía de Criminalidad Informática de Madrid que parte a su vez de las indagaciones realizadas por la Policía Nacional.
García-Castellón presentó el pasado mes de octubre una denuncia ante la Policía Nacional por considerar que los mensajes vertidos contra su persona «podrían revestir carácter de infracción penal», tras lo cual la unidad que rastrea delitos en redes sociales enclavada en la Comisaría General de Información asumió la investigación.
Al mismo tiempo, García-Castellón envió una carta de cuatro páginas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner en su conocimiento la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que empezó a sufrir en redes sociales después de que elevara una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que le pedía investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso ‘Dina’.
El responsable del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional vinculó esta campaña de acoso en redes sociales a su petición al Supremo para que investigara a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito con el objetivo de determinar cómo apareció en casa de Villarejo y acabó siendo pública la información contenida en el móvil de Bousselham tras su robo en 2015.
García-Castellón indicó al CGPJ que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del Poder Judicial e intimidar a los jueces y magistrados que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la misma. En su opinión, se intenta difundir la idea de que su decisión no es fruto de una convicción jurídica, sino de «una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política», Podemos.
De hecho, el juez instructor resaltó que muchos dirigentes, incluidos miembros del Gobierno de coalición, repiten y amplifican los mensajes en redes sociales contra su persona. «Señalan de forma directa a este magistrado y, sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional», dijo.
Por último, García-Castellón, a quien en algunos mensajes llaman ‘facha’, prevaricador, corrupto o mafioso, quiso poner de manifiesto que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel, a pesar de que ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones.
