Una reciente sentencia judicial dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid, ha estimado un recurso promovido por los servicios jurídicos de AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) en defensa de uno de sus socios, y ha anulado una multa de 300 euros y la detracción de 2 puntos impuesta por el Jefe provincial de Tráfico de Segovia, a un conductor por un supuesto exceso de velocidad porque “al no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado”, no puede garantizarse su correcto funcionamiento. La sentencia condena, además, a la DGT al pago de 400 € en costas.
Los hechos ahora enjuiciados, se iniciaron por una denuncia formulada el pasado año, por el radar que la DGT tiene situado en el km. 59,2 de la N-VI. Curiosamente, este cinemómetro ostentaba ya en el 2017 el record de ser el radar más activo de toda España, con 55.119 denuncias formuladas, según un informe elaborado por AEA.
Sin embargo, ahora la justicia ha estimado íntegramente los argumentos jurídicos invocados por los letrados de AEA, en defensa de los legítimos derechos de uno de sus miembros, al cuestionar la medición efectuada por un radar del que no constaba “el correcto estado del soporte del mismo”, y ha anulado la sanción impuesta de 300 € y la detracción de 2 puntos, con expresa imposición de 400 € de costas.
La falta de control metrológico invalida la medición de los radares
Según se recoge en el fundamento de derecho primero de la sentencia, “en la Orden ITC (3123/2010) se regula la verificación periódica, no sólo de los propios aparatos cinemómetros, sino también de las cabinas que constituyen su alojamiento, soporte o protección, como deriva del artículo 12 de la misma Orden, antes transcrito, pero en el expediente administrativo no consta ningún certificado o documento que garantice la obligatoria verificación de la cabina”.
Según los últimos datos facilitados por el Director General de Tráfico en una reciente comparecencia ante la comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados, la DGT dispone en la actualidad de 2.300 radares, que se incrementarán en 75 más el año que viene. Durante 2019, se formularon 4,6 millones denuncias, con una recaudación próxima a los 500 millones de euros.
Por ello, para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “este nuevo éxito jurídico obtenido por nuestros servicios jurídicos, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de tener un buen asesoramiento especializado por parte de expertos en derecho de la circulación, y no de meros tramitadores de multas, frente a actuaciones arbitrarias de la Administración. Especialmente, cuando el máximo responsable del tráfico en España, ha reconocido abiertamente que la DGT es un organismo recaudador”.
