Un total de 1,4 millones de personas con educación superior en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, el doble que en 2008 (674.000 personas), y es la más alta de todo el periodo estudiado, según el XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en España. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022’, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
En concreto, el estudio, presentado este martes 17 de octubre, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, revela que el 42,9% de la población en riego de pobreza o exclusión social ha finalizado estudios medios o altos, y que una de cada diez personas con educación superior está en riesgo de pobreza.
Asimismo, los autores del informe confirman una «tendencia» detectada en los últimos años: «que el empleo sin condiciones adecuadas no garantiza ingresos suficientes para salir de la pobreza», ya que una de cada tres personas en situación de pobreza (32,9%) tiene un empleo remunerado, algo que achacan a «los bajos salarios y la precarización del mercado laboral desde 2008».
Además, la edición de este año incluye como novedad un análisis de la relación entre las tasas de pobreza y exclusión social y elementos específicos como la vivienda, el género, la edad o la influencia del hábitat y los autores aseguran que las conclusiones en este sentido son «muy preocupantes».
Así, de los datos se desprende que «el coste de la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con menores» son «factores clave» para la generación de pobreza en España.
En el caso de la vivienda, el estudio muestra que, en 2022, cuatro de cada cinco personas con un gasto elevado en vivienda estaban en situación de pobreza (79,1%) y el 34,9% residía en viviendas de alquiler, 20 puntos más que entre las personas que no se encuentran en situación de pobreza. Además, el gasto que dedicaron estas personas a la vivienda equivalía al 39,1% de los ingresos del hogar, un esfuerzo más de tres veces superior al que realizaron las personas que no se encontraban en situación de pobreza (12,5%).
SALEN DE LA POBREZA: 61.000 MUJERES FRENTE A MEDIO MILLÓN DE HOMBRES
Por otro lado, el informe identifica la desigualdad de género como otro factor clave para la pobreza. En concreto, señala que el 27,2% de las mujeres está en riesgo de pobreza o exclusión frente al 24,8% de los hombres, y que las políticas de recuperación no llegan por igual a ambos sexos pues, según los datos del estudio, desde 2015, las políticas sociales han conseguido sacar de la pobreza a medio millón de hombres frente a 61.000 mujeres.
Además, una de las conclusiones «más preocupantes» para los autores de la investigación es la relativa a las familias con menores a cargo, que registran cifras más altas para todos los indicadores de pobreza y exclusión. Así, en España, casi 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de pobreza o exclusión social, un tercio del total (32,2%), un porcentaje que aumenta para las familias monoparentales (49,2%).
En términos generales, los autores del informe señalan que los indicadores de pobreza y exclusión social han experimentado una mejoría respecto a 2021. Según se desprende de los datos, en 2022 había en España 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, el 26% de la población, 800.000 personas menos que el año anterior. También se ha reducido en unas 600.000 las personas que se encuentran en situación de pobreza severa.
Si bien, advierten de que estas cifras son «todavía extraordinariamente elevadas» pues 4,2 millones de personas sobreviven con ingresos inferiores a 560 euros al mes por unidad de consumo.
En cuanto a los datos de desigualdad, el estudio revela que ha disminuido hasta niveles de 2008, con una renta media por persona que registra el mayor incremento desde ese año y alcanza los 13.008 euros (738 euros más que en 2021).
LA MITAD DE LA POBLACIÓN NO LLEGABA A FIN DE MES
No obstante, pone de manifiesto que, en 2022, casi la mitad de la población española presentó dificultades para llegar a fin de mes (47,8%); un tercio no pudo permitirse al menos una semana de descanso vacacional al año (33,5%); y el 17,1% no consiguió mantener su vivienda a una temperatura a adecuada (14,3% en 2021 y 10,9% en 2020).
En todo caso, los autores de la investigación destacan el «papel protector del Estado» y advierten de que «sin políticas de protección social ni pensiones públicas, el número de personas en situación de pobreza se duplicaría, llegando a afectar a casi la mitad de la población».
En el caso de la pobreza severa, aseguran que afectaría a casi un tercio de la población y la desigualdad presentaría cifras «desorbitadas» pues «el 20% más rico ganaría en torno a 48 veces más que el 20% más pobre».
Los datos también muestran que «el mero crecimiento económico no es suficiente» para luchar contra la pobreza ya que «se necesitarían 68 años de crecimiento ininterrumpido del PIB per cápita para acabar con la pobreza en España».
EAPN-ES recuerda que en el informe del pasado año indicaron que las medidas comprendidas en el llamado ‘Escudo Social’ evitaron que un millón y medio de personas cayese en situación de pobreza o exclusión.
«Se ha constatado que las políticas sociales son eficaces, pero hay que ser más ambiciosos y acompañarlas con políticas de justicia fiscal. Acabar con la pobreza es una decisión política y una cuestión de derechos», ha señalado, al respecto, el presidente de EAPN España y EAPN Europa, Carlos Susías.
En cuanto a las diferencias por comunidades autónomas, los autores constatan un año más «una división de España en dos mitades»: las comunidades que se encuentran desde Madrid hacia el norte conservan, por lo general, tasas más bajas de pobreza o exclusión social. Por el contrario, aquellas situadas al sur, registran cifras «extraordinariamente elevadas y muy por encima de la media nacional», según EAPN-ES.
Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza piden un Pacto Estatal de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, con el objetivo de abordar, «con una marcada perspectiva de género», ámbitos como la calidad del mercado laboral, la garantía de ingresos, o el derecho de acceso y mantenimiento a una vivienda, además de apostar por políticas económicas y fiscales redistributivas «que pongan a las personas en el centro».
