La artista Rosa Torres ha destrozado, pintado y rasgado más de 300 plagios de su obra después de un proceso judicial de más de diez años para demostrar que estas obras, que se exhibían en una cadena de clínicas de estética en toda España, son un plagio de su obra que podría haber realizado un autor en República Dominicana.
La sala Refectorio del Centre del Carme de València ha acogido una particular muestra de estas obras, tiradas en el suelo y apoyadas en las paredes, que la propia artista y varios galeristas y amigos han pisado, rasgado y pintado.
El proceso de Torres comenzó en 2010, cuando por amigos y familiares pudo saber que una cadena de clínicas de estética exhibía obras con un aspecto «muy parecido» a las suyas, aunque con algunas variaciones.
La artista ha detallado que estos plagios «han introducido cambios en las formas y colores» que «destruyen la configuración estética de la obra», lo que produce un «efecto de mal gusto contrario a las propuestas estéticas muy meditadas y medidas» de sus cuadros.
En esta línea, ha valorado la «lucha de diez años» que ha mantenido hasta llegar a esta ‘performance’, en la que ha destruido varias de estas 300 obras que ha podido recuperar. No obstante, ha apuntado que «es bien posible que todavía queden algunas en domicilios particulares».
«DESPROPÓSITOS» Y ARGUMENTOS «EXTRAVAGANTES»
En el acto ha participado vía telemática el abogado que ha llevado el caso, Àlex Devís, que ha remarcado que el caso se archivó tres veces, una de ellas porque el juez no consideró que se trataba de un delito contra la propiedad intelectual, sino de falsedad documental. De hecho, ha denunciado una serie de «carencias» de la instrucción, entre las que ha citado que «nunca se acordó la entrada y registro en las clínicas, ni el decomisado de las obras».
A este primer archivo siguieron otros dos, por lo que Devís ha denunciado la «pérdida de tiempo» para que se resolviera este caso, y situaciones como el hecho de que estuvieron «cuatro años sin que se realizara ni una sola diligencia». Durante ese tiempo, ha apuntado, «se estaba perdiendo la posibilidad de recuperar pruebas muy importantes» que hubieran llevado a un «mejor resultado».
Devís ha detallado que en el proceso se han sucedido una serie de «despropósitos», y que se utilizaron argumentos «extravagantes» para archivarlo. Además, ha explicado que se pudieron recuperar las obras porque los nuevos propietarios de la cadena, al conocer el caso, las descolgaron y las pusieron a disposición judicial y de la propia artista.
UN AUTOR EN REPÚBLICA DOMINICANA
También ha indicado que «aunque no se ha podido demostrar», parece ser que el presunto autor «material» de los plagios se encontraba en República Dominicana. No obstante, ha apuntado que esto no impediría que hubiera un «autor intelectual», extremo que no se ha podido confirmar.
Según ha precisado, el antiguo propietario de la cadena adquirió las obras, pero no se le ha condenado porque la sentencia considera «posible» que «el acusado comprara los cuadros porque le gustaban sin saber ni sospechar que consistían un plagio de Rosa Torres», que el juez considera –según ha relatado el letrado– «una pintora cotizada y de prestigio, pero cuya obra es conocida en círculos profesionales».
Sin embargo, el abogado ha explicado que la sentencia también apunta que es «perfectamente posible» que esta persona acudiera al autor de los plagios, «le mostrara un catálogo de la perjudicada y le encomendara los cuadros» o también «es posible que no mostrara al plagiador el modelo, si bien supiera que eran reproducciones de una pintora».
El letrado ha apuntado que se tasaron los cuadros falsos, y se valoró el montante de estas obras «como si hubieran sido originales». En tal caso, el total ascendería a 1.050.400 euros.
El abogado ha insistido en que este caso demuestra la «importancia» de que los artistas denuncien este tipo de infracciones a su propiedad intelectual, y ha reclamado mayor formación para los jueces en esta materia.
En esta línea se ha manifestado también el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, que se ha mostrado «preocupado» porque la justicia «no tenga la suficiente sensibilidad» ante delitos contra la propiedad intelectual y los derechos de autor.
