Entre el 25 y el 30% de las personas con discapacidad intelectual son víctimas de violencia familiar o de género en España, tasa que supera el 30% en Grecia y Portugal.
Así lo declaró a Servimedia José Ramón Roldán, coordinador del proyecto europeo Athena Begin dirigido a la sensibilización y la protección de las personas con discapacidad intelectual frente a la violencia, en el que han participado entidades sociales y universidades de los tres países.
En su opinión, la menor incidencia de esta lacra en España quizás se deba a su mayor desarrollo legislativo en el ámbito de la protección de las personas con discapacidad y a una mayor dotación de recursos contra la violencia de género.
En cambio, Portugal ha conseguido mayor desarrollo teórico, apuntó.
Con todo, Roldán precisó que aún queda un porcentaje importante de violencia (tanto física como psicológica y económica) contra las personas con discapacidad intelectual, en especial contra las mujeres, que “permanece invisible”. “Muchas no se atreven a denunciar, no son creídas” o directamente no la perciben como tal, porque “se creen que estas situaciones (de malos tratos) son lo normal”.
De ahí la importancia de este proyecto europeo, que ha liderado la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de Atades, Uavdi-Aragón, y cuyos resultados se presentan viernes en la universidad de Zaragoza.
Gracias a él, más de 1.400 personas de Grecia, España y Portugal han recibido formación para detectar casos de violencia en personas con discapacidad intelectual y tratarla de forma adecuada. De ellas, 800 son personas con discapacidad intelectual y familiares, para quienes se han editado materiales en lectura fácil con información al respecto.
Según Roldán, es muy importante que estas personas y sus allegados más directos sepan identificar las situaciones de violencia y conozcan qué recursos tienen a su disposición.
Por otro lado, 600 profesionales del ámbito de la atención social, la psicología, la judicatura y las fuerzas de seguridad han recibido formación especializada para atender a estas personas “de forma adecuada”.
Entre otros aspectos, se han organizado talleres y conferencias y se han editado guías y protocolos para que los profesionales conozcan mejor las limitaciones cognitivas y de expresión que presentan estas personas, sepan interpretar sus testimonios y comportamientos y puedan apoyarles a lo largo del proceso judicial. En opinión de Roldán, este es precisamente uno de los ámbitos donde “más se debe trabajar”.
Por último, el proyecto busca sensibilizar al conjunto de la ciudadanía y concienciar a la clase política sobre la necesidad de unas leyes que faciliten la protección de las personas con discapacidad intelectual y promuevan su autonomía.
Alrededor de 7.000 personas han recibido formación en este terreno, y también se han publicado materiales de divulgación.
En esta línea, Roldán destacó que las recientes reformas legislativas para ilegalizar las esterilizaciones no consentidas y devolver la capacidad jurídica a las personas con discapacidad que habían sido incapacitadas suponen una mejora importante de cara a su protección frente a la violencia, aunque pidió “un cuidado especial” en el desarrollo y aplicación práctica de esta última.
