El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid ha acordado suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos al considerar que se podrían producir daños irreparables antes de que se entre en el fondo del recurso interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Así consta en un auto del pasado 16 de noviembre, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la jueza Eva María Bru Peral acuerda adoptar la medida cautelar de suspensión del Acuerdo de 24 de junio de la Junta del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por el que se resuelve conceder a Patrimonio Nacional licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el citado Consistorio.
El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, solicitó el pasado abril a este Ayuntamiento la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó la suspensión alegando el «Derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas».
Además, añadía que «cuando se trata de realizar obras por parte de un ayuntamiento o de una Administración Pública, que impliquen demolición de edificaciones, viviendas o similares, de forma incesante los tribunales acceden a la suspensión de la ejecutividad del acto recurrido, pues de llevarse a cabo las citadas obras, en caso de que finalmente se resolviese el proceso contencioso en litis de forma favorable al recurrente».
La jueza concluye que, de procederse a la inmediata ejecución de las previsiones contenidas en la licencia impugnada, «se producirían modificaciones en un elemento integrado en un Conjunto de protección integral que harían inefectivo el fallo de una sentencia que fuera estimatoria, lo que resultaría contrario a la tutela cautelar».
Por ello, considera «razonable evitar actuaciones que resulten irremediables antes de que se haya examinado el fondo del asunto que en este recurso se ha planteado».
Señala que «no se considera necesario la prestación de garantía por cuanto sea cual fuere el sentido del fallo de la sentencia que en su día se dicte, la misma podrá llevarse a efecto sus propios términos, pudiendo llevarse a cabo las actuaciones urbanísticas en caso de desestimarse el recurso».
De igual modo, el auto recoge que la razón de ser de la justicia cautelar «reside en la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la finalidad del proceso y este requisito forma parte de la esencia de la medida cautelar».
«En definitiva, con ella se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil y tal como señaló el Tribunal Supremo al resolver una medida cautelar en un asunto atinente al Valle de los Caídos», añade.
«NO SE ASUMEN DERECHOS HUMANOS»
El abogado Eduardo Ranz, letrado de la familia de los hermanos Lapeña –cuya exhumación está pendiente de ejecutar–, ha lamentado que «por desgracia» haya otras resoluciones de esta jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo que suspendan la sobras en el interior del Valle de los Caídos.
«Parece que hay un sector de la población que no asume ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho ni el ordenamiento jurídico. La parte positiva es que siempre prevalecen los derechos de las víctimas y quien gana siempre es la democracia», ha reseñado.
Por su parte, el secretario de la asociación recurrente, Guillermo Rocafort, ha destacado a Europa Press que el Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, está demostrando que desconoce «la legislación de protección del patrimonio» y que no respeta a los bienes catalogados.
«Se buscaba un efecto electoralista. No se puede llevar la guerra a los cementerios porque ahí reposan personas y al final se genera discordia y hay que respetar el descanso eterno de los difuntos», ha aseverado.
