Amnistía Internacional lanza este martes una campaña mundial para defender el derecho de protesta y manifestación que, a su juicio, “corre un riesgo sin precedentes en todas las regiones del mundo”.
“De Rusia a Sri Lanka, de Francia a Senegal y de Irán a Nicaragua, los Estados están adoptando cada vez más medidas de todo tipo para reprimir la disidencia organizada”, alertó Amnistía.
En su opinión, todo esto se aprecia en la promulgación de leyes cada vez más restrictivas y punitivas contra los manifestantes; en la militarización de las fuerzas policiales; en el uso indebido de la fuerza; en la expansión de la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva; en los apagones y censura de internet; en los abusos por parte de la policía, y en la estigmatización de manifestantes y activistas .
Bajo el lema ‘Protejamos la protesta’, la campaña de Amnistía Internacional desafiará los ataques a la protesta pacífica, defenderá a quienes los sufren y apoyará las causas de los movimientos sociales que presionan en favor de un cambio en materia de derechos humanos.
Según su secretaria General, Agnes Callamar, “en los últimos años han tenido lugar algunas de las mayores movilizaciones de protesta que hemos visto en varias décadas». «Los movimientos Black Lives Matter, MeToo y contra el cambio climático han llevado a millones de personas en todo el mundo a salir a la calle y actuar en internet para exigir justicia racial y climática, equidad y el fin de la violencia y la discriminación basadas en el género», comentó. Además, prosiguió, «miles de personas han alzado la voz contra la violencia y los homicidios de la policía y la opresión y represión del Estado”.
“Casi sin excepción, esta ola de protestas multitudinarias se ha encontrado con respuestas obstructivas, represivas y frecuentemente violentas de las autoridades estatales que, “en lugar de facilitar el derecho a la protesta, están yendo cada vez más lejos para reprimirla. Es hora de alzar la voz para recordar a quienes ejercen el poder que tenemos el derecho inalienable a protestar, expresar quejas y exigir cambios libre, colectiva y públicamente”, declaró Callamar.
RETROCESOS
Amnistía denunció cómo, a raíz de la pandemia, cada vez se aprueban más leyes restrictivas, prohibiciones generales y poderes excepcionales para las fuerzas de seguridad.
En Reino Unido, se ha aprobado una ley con disposiciones que otorgan amplios poderes a los agentes de policía, incluida la capacidad de prohibir “protestas ruidosas”. Mientras que en Senegal están prohibidas las manifestaciones políticas en el centro de Dakar desde 2011, a fin de evitar las concentraciones cerca de edificios gubernamentales.
Por otro lado, los Gobiernos de todo el mundo justifican las restricciones con el argumento de que la protesta constituye una amenaza para el orden público y estigmatizan a los manifestantes al calificarlos de “problemáticos”, “alborotadores” e incluso “terroristas”.
Al definir de este modo a las personas que se manifiestan, las autoridades justifican sus medidas de tolerancia cero: introducción y uso indebido de leyes de seguridad ambiguas y draconianas, actuación policial de mano dura y medidas disuasorias con carácter preventivo.
Este enfoque se observó en Hong Kong, donde la Ley de Seguridad Nacional y su amplia definición de “seguridad nacional” se utilizó arbitrariamente para restringir las protestas. Y también en India, donde la Ley de Prevención de Actividades Ilegales contra el terrorismo y el delito de “sedición” se han utilizado repetidamente contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas que se manifestaban pacíficamente.
Desde principios de la década de 2000, Amnistía Internacional ha documentado una tendencia a la militarización de la respuesta estatal a las protestas, incluido el despliegue de fuerzas armadas y uso de equipo militar. En países como Chile y Francia, las fuerzas de seguridad van bien equipadas con material antidisturbios y suelen estar respaldadas por vehículos acorazados, aeronaves de uso militar, drones de vigilancia, fusiles y armas de asalto, granadas aturdidoras y cañones de sonido.
A juicio de Callamar, esta campaña llega en un momento crítico: «El valioso derecho a la protesta se está erosionando a una velocidad de vértigo y debemos hacer todo lo posible para evitarlo”. “Incontables manifestantes han perdido la vida en los últimos años y ahora, también en su nombre, debemos alzar nuestra propia voz y defender nuestro derecho a decir la verdad al poder a través de protestas en la calle y en internet», concluyó.
