La Plataforma de Apoyo a las personas migrantes y refugiadas de Extremadura asegura que las aproximadamente 800 personas que se encuentran desde el pasado mes de octubre en el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Mérida, en el antiguo Albergue Municipal, continúan aún sin tarjeta sanitaria y tampoco están empadronados en la ciudad.
Esta organización subraya que el empadronamiento es un «requisito imprescindible» para tramitar la tarjeta sanitaria y que, ni el ministerio de inclusión, ni el Servicio Extremeño de Salud (SES) ni el Ayuntamiento de Mérida «pueden negar que más de 800 jóvenes residen en la ciudad, en algunos casos desde hace más de seis meses», asegura en un comunicado.
La plataforma asegura que «algunos» de estos migrantes han sido derivados recientemente a otros centros similares del país dentro del programa de «Ayuda humanitaria» del Gobierno de España, pero aún siguen en Mérida «multitud» de jóvenes llegados en el año 2023 a la ciudad.
Y es que, asegura, la tarjeta sanitaria es un «derecho» para aquellas personas en situación irregular que lleven más de tres meses empadronadas en Extremadura, además de ser un derecho «legalmente reconocido como inmediato para todos los solicitantes de asilo», que son «muchos» en este centro.
Sin embargo, los responsables del centro emeritense, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no han procedido a formalizar la solicitud de la mencionada tarjeta en el SES para ellos, toda vez que tampoco no ha procedido a empadronar en Mérida a los usuarios del centro, requisito necesario para la obtención de la tarjeta sanitaria en Extremadura.
La Plataforma asegura que desconoce si esta «dejación» parte del ministerio, de la entidad que gestiona el centro, de «algún tipo de reticencia» del SES o del propio ayuntamiento emeritense, pero, en cualquier caso, es una certeza que «se está negando el derecho a la salud legalmente reconocido para estas personas».
Se trata de una atención que trasciende a la atención puntual en urgencias. A modo de ejemplo, señalan que los usuarios del centro con dolor de muelas pueden ser atendidos en urgencias, pero no reciben cita para extracciones en el dentista, por carecer de tarjeta sanitaria.
Una situación que es «bastante frecuente» y «grave», pues las infecciones en la boca «pueden extenderse con facilidad y terminar por ser extremadamente peligrosas».
En este sentido, debe ser el ministerio, como responsable del centro, el que debe «liderar» la solicitud de empadronamiento y la gestión de los trámites necesarios para la cobertura completa de la atención sanitaria de las personas en sus instalaciones, gestionadas por ACCEM.
Al respecto, aseguran que en otros de sus centros adscritos como el de Mérida al programa de Ayuda Humanitaria en otros territorios del país «sí se está garantizando este derecho», por lo que «no existen motivos para que en Mérida se proceda de un modo distinto y se obstaculicen derechos básicos».
Por todo ello, la Plataforma de Apoyo a las personas migrantes y refugiadas de Extremadura pide responsabilidades a todas las administraciones responsables y «celeridad» en un trámite reconocido en la legislación vigente, y «no descarga acciones que señalen la obstaculización del procedimiento del que podrían están siendo cómplices… porque con la salud, no se juega», afirman.
