Un total de 31 universidades españolas han sido seleccionadas para el desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro del autismo, durante el curso académico 2024/25, en el marco de la octava convocatoria de ayudas de Fundación ONCE, cuya resolución definitiva acaba de publicarse.
La iniciativa, que se lleva a cabo por octavo año consecutivo, cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo (FSE), a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y está dirigida a todas las universidades españolas y centros adscritos, según ha informado la fundación.
En concreto, las universidades seleccionadas han sido las andaluzas de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide, también de la capital andaluza; las madrileñas de Alcalá de Henares, Camilo José Cela, CEU San Pablo, Complutense, Francisco de Vitoria, Politécnica y Rey Juan Carlos; las catalanas de Barcelona, Girona, Rovira i Virgili, Pompeu Fabra y Ramón Llull; las castellanoleonesas de Burgos y Salamanca; las valencianas de Miguel Hernández, Jaume I y Valencia, y las de Murcia y Católica de Murcia. Además, también impartirán cursos las Universidades de A Coruña, Castilla-La Mancha (Albacete), Cantabria y Extremadura.
Todas ellas deberán ofrecer cursos que proporcionen al alumnado formación universitaria enfocada a mejorar su autonomía, conocimientos humanísticos y su preparación laboral, y dotarle de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo, accediendo a puestos en la modalidad del empleo con apoyo.
Asimismo, tendrán que proporcionar a estos jóvenes experiencias inclusivas y de normalización dentro de la comunidad universitaria y facilitarles una formación integral y personalizada.
Estos alumnos serán personas con discapacidad intelectual –con un grado igual o superior al 33%–, de entre 18 y 29 años e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al inicio del curso.
Todo esto porque el objetivo principal del programa es implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante.
Gracias a esta iniciativa, a lo largo de las siete primeras ediciones más de 2.500 jóvenes con discapacidad intelectual han conocido la realidad universitaria. Además, han mejorado su perfil profesional gracias a las prácticas laborales que se incluyen dentro del programa, lo que en algunos casos ha supuesto una contratación posterior.
