El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentará este viernes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Memoria Democrática; el cuadragésimo quinto recurso de inconstitucionalidad del grupo parlamentario desde que se inició la legislatura.
Vox votó en contra de la Ley en el Congreso y el Senado y ya anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional, además de comprometerse a su derogación si llega al Gobierno.
El portavoz del Comité de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, denunció esta semana que la Ley de Memoria «constituye una violación masiva de derechos fundamentales, la igualdad y las libertades de los españoles, la libertad de expresión, la de asociación, la de fundación, de pensamiento e ideológica», además de «atentar contra la propia convivencia y la unidad nacional».
Además, el partido registró una iniciativa parlamentaria para intentar proteger como bienes de interés cultural todos aquellos que puedan verse afectados por la nueva Ley, entre los que está el Valle de los Caídos.
Desde Vox censuran que el Gobierno pactase artículos de la Ley con Bildu y que «deslegitime» la Transición. «Nosotros creemos que sí tuvo lugar esa reconciliación, que las dos Españas se abrazaron, que reconocieron que ambas habían cometido crímenes y que decidieron mirar hacia el futuro», sostuvo durante el debate parlamentario el diputado José Francisco Contreras.
Uno de los acuerdos alcanzados con Bildu permitió ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.
Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura».
ILEGALIDAD DE LOS TRIBUNALES FRANQUISTAS
En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia.
Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara «ilegal» el régimen franquista y reconoce expresamente que «las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos» alumbraron la democracia.
Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».
Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.
