La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio al excomisario José Manuel Villarejo por tres presuntos trabajos de espionaje sobre los que esta semana hablará uno de sus máximos «colaboradores», Rafael Redondo, miembro, como él, del Grupo Cenyt, al que la Fiscalía califica de «organización criminal».
Tras una semana sin sesiones de juicio, el tribunal continúa desde este lunes con los interrogatorios a los acusados y uno de ellos será Redondo, para quien Anticorrupción solicita 102 años de prisión por colaborar con Villarejo en los tres proyectos de espionaje que se le atribuyen: Iron, Land y Pintor.
Además de él faltan por declarar otros tres acusados de participar en el último de esos proyectos, entre ellos Juan Manuel León, a quien la Sala ordenó detener para ponerlo a disposición del tribunal «a más tardar» este lunes al no haber asistido a ninguna sesión del juicio, de modo que su presencia se espera en esta jornada.
A ellos se une el subinspector de Policía Javier Fernández, que trabajaba en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y a quien Anticorrupción acusa de facilitar datos sensibles de terceros a la empresa de Villarejo, aunque no le consta que recibiera remuneración por ello.
De entre los acusados que quedan por declarar, Redondo es el que se enfrenta a una mayor petición de condena al situarle la Fiscalía en «múltiples» reuniones sobre los proyectos de espionaje y atribuirle un papel determinante en el desarrollo de los mismos, como haber facilitado a los clientes información confidencial como datos bancarios de las personas presuntamente espiadas.
También está acusado de fraccionar las facturas y dotarlas de apariencia de legalidad y, según la tesis del fiscal, se encargó también de cobrar los cheques y efectuar los ingresos en la cuenta del grupo empresarial de Villarejo. Los pagos, según la Fiscalía, se hicieron «de forma opaca» en los términos pactados con los acusados, «encargándose materialmente de ello» Redondo.
Señalado como socio de Villarejo, su abogado intentó desmontar ese «sambenito» desde el primer día, en el que ya dejó caer que lo que realmente buscaba la Policía en los primeros registros eran las grabaciones de Villarejo y que el origen de la causa no habría sido más que una excusa para ello.
Ahora Redondo deberá dar su versión acerca de la teoría aportada por Villarejo a lo largo de su extensa declaración, que se alargó cinco jornadas, en las que se presentó como un agente de inteligencia que había trabajado durante años con el permiso de los diferentes gobiernos utilizando sus empresas como «cobertura» para los diferentes encargos que le hacían.
Negó haber accedido a datos confidenciales de ningún cliente ni haberse servido para ello de sus contactos en la Policía, e indicó que los beneficios de sus empresas se reinvertían «en la estructura empresarial al servicio del Estado».
Tras la declaración de los acusados, el tribunal pondrá rumbo a la fase testifical, en la que deberán desfilar numerosos agentes policiales, entre ellos los que elaboraron los informes de la causa que Villarejo rechaza reconocer.
